Archivos y buen gobierno
Patricio Fernández, facultativo superior de Archivos en Castilla y León, ha escrito este interesante artículo en El País sobre la necesidad de que la democracia española realice una profunda revisión del ordenamiento en materia de acceso a la información.
Ya han pasado las elecciones y ahora toca constituir nuevos Gobiernos en nuestro país. Para Patricio, los nuevos gobernantes deberían tomar conciencia de «la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Administración y de la relevancia de unas instituciones que permiten que los Gobiernos puedan rendir cuentas y demostrar su capacidad para promover la democracia».
Para el experto en gestión documental, una correcta política en esta materia es imprescindible para «garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública, y para ofrecer herramientas fiables para que un Gobierno pueda explicar y defender sus acciones, con la oportuna fiscalización del resto de los poderes del Estado».
En los últimos años se ha hecho un considerable esfuerzo legislativo para responder a las demandas ciudadanas de mayor transparencia. Esa adecuación del marco normativo español ha coincidido con otras profundas reformas legales orientadas a la puesta en marcha de la Administración electrónica. Como resultado de estos cambios, las distintas Administraciones han puesto a disposición de los ciudadanos portales de transparencia, así como herramientas para atender solicitudes concretas de información. El esfuerzo realizado no debe desdeñarse, pero tampoco cabe ocultar las hondas insuficiencias e imperfecciones de unas políticas cortoplacistas que han primado el diseño de escaparates administrativos, vía web, sin abordar, con igual denuedo, la profunda transformación que precisan los engranajes de la Administración para hacerla más eficaz, y acomodarla a las demandas de transparencia y a las exigencias del entorno electrónico.
